Un tribunal federal de Estados Unidos aprobó definitivamente un acuerdo judicial por mil 500 millones de dólares entre Anthropic PBC, empresa creadora del asistente de inteligencia artificial Claude, y miles de autores y titulares de derechos de autor.
La decisión, dictada el 20 de julio de 2026 por la jueza federal Araceli Martínez-Olguín, constituye uno de los precedentes económicos más importantes surgidos hasta ahora en los litigios relacionados con el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial mediante obras protegidas.
El acuerdo pone fin, con carácter definitivo, a la demanda colectiva Bartz v. Anthropic PBC, identificada con el expediente 3:24-cv-05417-AMO, tramitada ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California.
La controversia se originó por la descarga y conservación de cientos de miles de libros obtenidos desde LibGen y PiLiMi, plataformas conocidas como bibliotecas paralelas o shadow libraries, que ofrecen copias digitales de obras sin autorización de sus titulares.
La demanda fue iniciada en 2024 por los escritores Andrea Bartz, Charles Graeber y Kirk Wallace Johnson, quienes sostuvieron que Anthropic había empleado ejemplares pirateados de sus obras y de otros autores para construir bibliotecas destinadas al desarrollo y entrenamiento de sus sistemas de inteligencia artificial.
La lista definitiva del acuerdo comprende 482 mil 460 obras. Para abril de 2026 habían sido presentadas reclamaciones válidas sobre 440 mil 490 títulos, equivalentes al 91,3 % del total.
De acuerdo con la resolución, los integrantes de la demanda colectiva recibirán aproximadamente 3.000 dólares por obra, antes de efectuar las deducciones correspondientes a honorarios, gastos de administración y demás costos autorizados.
El tribunal consideró que esta compensación representa cuatro veces el monto mínimo de 750 dólares previsto por la legislación estadounidense para determinadas infracciones ordinarias de derechos de autor.
El acuerdo es relevante, pero debe interpretarse con precisión. No existe una sentencia que haya condenado a Anthropic, después de un juicio completo, a pagar mil 500 millones de dólares por entrenar a Claude. Se trata de una transacción judicial aprobada definitivamente, mediante la cual la empresa resolvió las reclamaciones derivadas de la descarga y conservación de libros provenientes de fuentes no autorizadas.
Tampoco se estableció una prohibición general de utilizar obras protegidas en el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial. La discusión sobre si esos usos están amparados por el fair use dependerá de las circunstancias de cada caso, la finalidad del procesamiento, la naturaleza de las obras y los posibles efectos sobre su mercado.
El precedente sí transmite un mensaje inequívoco: la innovación tecnológica no elimina las obligaciones relacionadas con la propiedad intelectual, la trazabilidad de los datos ni la licitud de las fuentes utilizadas.
Los abogados de los demandantes han calificado el acuerdo como la mayor recuperación económica conocida en la historia de los derechos de autor. Aunque esa afirmación debe entenderse dentro del ámbito de los acuerdos judiciales de esta naturaleza, la cifra demuestra que los datos de entrenamiento poseen una dimensión jurídica y económica imposible de ignorar.
Para los autores y editores, la decisión fortalece la posibilidad de exigir transparencia, licencias y compensación. Para las empresas de inteligencia artificial, representa una advertencia sobre la necesidad de implementar procesos sólidos de cumplimiento normativo.
La inteligencia artificial continuará desarrollándose, pero deberá hacerlo sobre bases jurídicamente verificables. El caso Bartz v. Anthropic demuestra que el origen de los datos importa tanto como la tecnología construida a partir de ellos.
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