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La idea suena interesante y, por supuesto, abre una puerta que, hasta hoy, parecía compleja.

El regulador Conatel inició un acercamiento con las Gobernaciones del país, arrancando con Miranda, en el que se pretende, a través de unas mesas técnicas, impulsar la revisión y estandarización de procesos y protocolos de trabajo, con el fin de favorecer el despliegue de fibra óptica y establecer un marco de actuación unificado en beneficio de los actores involucrados en la prestación de servicios.

Mikhail Marsiglia, gerente de Desarrollo y Planificación del Sector de Conatel, destacó, en un nota del organismo, la importancia de estos encuentros que se enmarcan en los objetivos del Plan Nacional de Telecomunicaciones 2025-2031.

La intención de estos grupo de trabajo, está en avanzar en el mejoramiento de la cobertura de los servicios de internet y transporte de datos, garantizando su calidad en todo el estado Bolivariano de Miranda.

Por su parte, la secretaria de telecomunicaciones de la Gobernación de Miranda, Paola Artahona, destacó la importancia de las alianzas estratégicas entre Conatel, las empresas de servicios de internet y telefonía y el Ejecutivo regional para posicionar a la entidad como un eje estratégico en la soberanía tecnológica del país. La sinergia busca alinear los objetivos empresariales con las necesidades de desarrollo del Estado venezolano.

La estandarización de métodos de trabajo permitirá mejorar la tramitación de expedientes, maximizar la eficiencia en el uso de la infraestructura compartida y garantizar la calidad del servicio al usuario.

Desde hace tiempo, las empresas que hacen vida en el sector buscan lograr una tramitación única, que pueda ser replicada por Alcaldías y Gobernaciones, entre otros, que les permita a todos los proveedores la entrega de una sola línea de recaudos, que acelere la instalación de infraestructura en los municipios.

Y es que, hasta el día de hoy, cada Alcaldía tiene una reglamentación propia, con petición de documentos que, en muchos casos, hacen que los procesos de implementación de redes tarden más de lo necesario, afectando las posibilidades de los ciudadanos de disponer de servicios de manera más expedita y, por supuesto, impactando en los procesos de inversión de las empresas.

Además, cada municipio tiene establecido un cobro por uso de sus espacios que, en muchos casos, limita a las empresas a desplegar redes en algunas zonas por los costos que implican.

Por eso la intención del regulador, que debería extenderse a todos los Estados del país, podría ser un punto de avance para que los más de seis millones de hogares sin servicios hoy dia, puedan tener al menos una opción para conectarse.