Lo que inició como una promesa de apenas un par de meses, mientras que las elecciones regionales se efectuaban, cumplió un año y siete meses.
Las tarifas del sector telecomunicaciones, que en abril de 2025 fueron congeladas (móviles) y reguladas (resto de servicios) se mantienen sin variación, salvo la establecida a partir de junio de 2025 para todos del cobro del servicio anclado al día uno del mes que inicia para contrarestar el impacto cambiario en las operaciones de las empresas.
Pero en los últimos 19 meses la inflación no se detuvo, el tipo de cambio se deslizó más de 900% y la depreciación del bolívar superó el 90%, lo que inevitablemente terminó afectando los proyectos de inversión, así como parte de las operaciones y la continuidad de negocios y servicios de las empresas telcos del país.
Según datos extraoficiales, para el mes de noviembre, el regulador Conatel autorizó un ajuste en los precios y tarifas de los operadores de un 3,42%, el equivalente a la devalución de la moneda en el mes, que inició en Bs.860 por dólar y terminó en Bs.889.
Con este ajuste, pues los precios en dólares en los operadores siguen igual, salvo el incremento de un dólar del mes de octubre para los operadores de Internet que no fue extendido a las móviles, las empresas apenas respiran el primer día del mes, porque a partir del segundo día comienzan a dejar de recibir el mismo ingreso por la constante devaluación de la moneda.
Si bien es cierto que octubre marcó como el mes con el menor impacto cambiario, también es cierto que las empresas que hacen vida en el sector necesitan claridad económica, así como también estabilidad jurídica para mantener activas sus inversiones, muchas paradas a raíz del impacto cambiario de 2025 que sólo ha ido disminuyendo en los últimos dos meses.
Una fuente que prefirió mantener el anonimato, comentó que el regulador Conatel cumple con una orden directa del alto poder, que no es otra que no eliminar la regulación hasta que las empresas móviles que se comprometieron a invertir decenas de millones de dólares los terminen haciendo, pues hasta ahora no han logrado los niveles de cobertura programados.
Según la percepción del Alto Gobierno, las empresas del sector lo que están haciendo es repatriar y sacar capital en vez de invertir en Venezuela, algo que, hoy día, es poco probable por el nivel de desembolsos que se requieren para mantener las infraestructuras, muchas esperando acción para sostener el flujo de caja. Pero aún así en el Gobierno lo tienen decidido y no estiman suavizar la norma, a menos que se aceleren algunos protocolos que puede impulsar el Gobierno de Estados Unidos.
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