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La homologación obligatoria del software que las empresas usaban en sus negocios para facturación, que había entrado en vigencia en diciembre de 2024, fue eliminado por parte del Seniat, siguiendo una serie de medidas que la institución viene tomando desde que el Gobierno interino cambió al Superintendente.

En sus inicios, la intención del Seniat estaba anclada a disminuir la evasión y obligar a los comercios a disponer de un sistema que permitiese a los auditores y funcionarios del organismo, disponer de manera expedita de la información relacionada con los deberes hacia el sistema tributario, pero la implementación fue engorrosa.

En aquel momento, el Seniat había estimado que en el país había pocos desarrollos de software administrativos, calculando que unos 50 o máximo 100 empresas terminarian homologando, pero la realidad los sobrepasó y, en las solicitudes se superaron los miles, lo que dejó al organismo en desventaja.

La razón estriba en que muchas empresas en el país, sobre todo medianas, algunas grandes y hasta pequeñas, gestionan soluciones administrativas desarrolladas in house, lo que el organismo no sabía y cuando decidió la implementación se dio cuenta del aluvió de peticiones que no pudieron responder a tiempo.

Así, decenas de homologaciones se quedaron esperando y miles de comercios sin poder cumplir con la normativa, que había dado sólo tres meses para homologar y hasta diciembre pasado a las empreas para implementarlos en sus negocios.

La llegada del nuevo Superintendente cambió el juego y, desde ahora, las empresas no están obligadas a homologar el software, pero sí tienen que disponer de una solución que le permita al Seniat actuar de manera más expedita y de recibir lo que solicita sin mayor problemas.

La medida no tiene nada que ver con una flexibilización en el proceso, lo que ahora debe aplicarse es la implementación de cualquier software que cumpla con la normativa, generando más competencia en el mercado y abriendo oportunidades para las soluciones que esperabanan por homologarse para poder comercializarse.

Ahora debe esperarse también por la medida para el caso de las impresoras fiscales, que tenían que estar integradas a los nuevos sistemas y que desde hace un tiempo está prohibida su venta.

Así, la Providencia Administrativa SNAT/2026/00084 deja claro que las empresas no deben homologar las soluciones, pero sí deben seguir cumpliendo con las normativas y disponer de los documentos legales de cada transacción, así como la trazabilidad de las operaciones, entre otros, que permitan al ente auditar con mayor celeridad y menor complejidad.

Con la implementación del proyecto MODA (Modernización, Digitalización y Automatización), el Seniat busca girar la forma en la que los venezolanos pagan sus impuestos, hoy excesivos, así como también reducir la evasión fiscal, que por el nivel impositivo es cada día más fuerte.