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El impacto que genera la piratería de contenidos audiovisuales en los negocios de entretenimiento no se detiene y lo más triste está en que cada día parece hacerse menos posible combatirlp.

El problema, que ha venido creciendo de forma constante y más con la digitalización, se ha convertido en una industria transnacional que impacta empleos, recaudación fiscal y la propia producción de contenidos.

Según datos recientes de Waiken ILW, el brazo que controla los activos del grupo Werthein en TV y Streaming en 11 países de la región, la piratería está en más de 46 millones de hogares en América Latina, convirtiéndose en un verdadero competidor de lo legal, que incluso ha puesto a las plataformas de Streaming a repensar sus estrategias de cara al público en zonas como Centros Comerciales, etc, donde es común ver plataformas ilegales transmitiendo contenido que no pagan.

Y es que la competencia más fuerte para las plataformas de streaming, los operadores de televisión de paga y los productores de contenidos ya no es otro actor del mercado, es la piratería, que proviene de una economía paralela que opera a través de Internet, cruza fronteras y mueve miles de millones de dólares cada año.

En sí, las empresas hoy enfrentan uno de los mayores desafíos para la economía digital de la región. Según Waiken ILW, el mercado ilegal genera pérdidas superiores a los 12 mil millones de dólares anuales, entre el robo de señales de televisión de paga y la distribución ilícita de contenidos vía plataformas digitales.

El holding que controla empresas como DirecTV Latin America, Sky, Zaaz Telecom y Overlabs calcula que la piratería de contenidos audiovisuales ya llega a uno de cada tres hogares conectados, elimina 75 mil empleos formales y compromete las inversiones en la economía latinoamericana.

En el más reciente seminario sobre el tema desarrollado en Brasil, denominado “Brasil contra la Piratería” Waiken ILW advirtió que la piratería audiovisual ya tiene una presencia estructural en América Latina.

Según datos alrededor de 14.4 millones de hogares consumen televisión de paga ilegal, equivalente al 22.1% del mercado regional.

El fenómeno de la piratería adquiere una dimensión aún mayor en el entorno digital, pues 46.3 millones de hogares con acceso a banda ancha utilizan servicios de streaming ilegales, lo que representa 42.6% de los domicilios conectados.

Hoy, sin duda, el principal competidor del entretenimiento es la piratería, que representa una transferencia directa de riqueza de la economía formal hacia un mercado ilegal.

Y es que la piratería de contenidos audiovisuales genera enormes pérdidas para operadores de televisión y plataformas digitales, pero también tiene efectos directos sobre la economía formal de la región.

WAIKEN ILW estima que el mercado ilegal de televisión de paga desvía aproximadamente dos mil 390 millones de dólares al año, mientras que la piratería en línea concentra cerca de nueve mil 970 millones de dólares, equivalentes al 80% del impacto económico total.

La consecuencia más visible es la destrucción de empleo. El grupo calcula que la piratería provoca la desaparición de miles de puestos de trabajo formales en la región, incluyendo empleos vinculados a operadores de televisión, plataformas tecnológicas, productoras audiovisuales y cadenas de distribución de contenidos.

El impacto también alcanza las finanzas públicas. Los gobiernos latinoamericanos dejan de recaudar cerca de dos 500 millones de dólares anuales en impuestos al consumo, recursos que podrían destinarse a infraestructura, educación, salud o programas de inclusión digital.

A ello se añade un efecto menos visible, pero estratégico para el futuro de la industria: la reducción de ingresos limita la capacidad de inversión en nuevos contenidos, innovación tecnológica y desarrollo de servicios digitales, afectando la competitividad del ecosistema audiovisual regional frente a mercados más maduros.

Uno de los elementos que más preocupa a la industria es la sofisticación alcanzada por las redes de distribución ilegal.

De acuerdo con los estudios citados durante el encuentro en Brasil, las operaciones de piratería actuales suelen utilizar infraestructura tecnológica alojada en distintos países, servidores distribuidos internacionalmente, plataformas digitales globales y mecanismos de pago transfronterizos.

Esto genera un escenario complejo para las autoridades. Mientras el consumo ocurre localmente, las ganancias son canalizadas a través de estructuras criminales internacionales que aprovechan vacíos regulatorios y diferencias entre jurisdicciones.

La naturaleza transnacional del problema ha llevado a que organismos públicos y empresas privadas comiencen a impulsar estrategias conjuntas de fiscalización, intercambio de información y bloqueo de operaciones ilegales.

Además de afectar la economía formal, la piratería audiovisual representa riesgos crecientes para los usuarios. Al entrar en sitios ilegales, los consumidores pueden estar expuestos a malware, robo de datos personales y fraudes digitales.

Por ello es importante crear una fuera mancomunada en la región, que integren los Gobiernos, las empresas, reguladores y los organismos relacionados con la industria, para fortalecer la cooperación.

Y es que la piratería audiovisual, no sólo impacta el negocio y los ingresos, así como los empleos, hoy día ha alcanzado una escala masiva y digitalizada que distorsiona el mercado, pone en riesgo la ciberseguridad de los usuarios y debilita la economía real de los países latinoamericanos”.