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El organismo regulador, Conatel, arrancó un ciclo de jornadas formativas e informativas orientadas a la implementación del protocolo de seguridad DNSSEC en las plataformas tecnológicas del ccTLD .ve (Dominio de Nivel Superior de Código de País para Venezuela) en las diversas instituciones del Estado venezolano.

Hace poco menos de un mes, el regulador inició un proceso estratégico de recolección de información, orientado al levantamiento de un diagnóstico especializado acerca del Sistema de Nombres de Dominio (DNS) y DNSSEC que administra el NIC.ve.

Al culminarlo, Conatel inició el despliegue informativo en conjunto con algunos Ministerios, a través de visitas programadas y sesiones de trabajo directo con las gerencias de tecnología y seguridad de ministerios, institutos autónomos y fundaciones adscritas, con la intención de impulsar procesos que fortalezcan la soberanía tecnológica, la autonomía técnica y el blindaje institucional de la infraestructura crítica del país.

En la actualidad, el sistema DNS convierte nombres legibles (como ministerio.gob.ve) en direcciones IP numéricas para permitir la comunicación entre equipos, sin embargo, estos protocolos carecen de mecanismos de autenticación entre el emisor y el receptor de la información para verificar si la respuesta fue adulterada en el trayecto, lo que deja vulnerables a las páginas Web del Estado ante intentos de suplantación o redireccionamiento de una petición en Internet hacia un ente del Estado que termina en otro dominio, entre otros.

En ese sentido, Conatel impulsará la implementación del DNSSEC para proteger a los entes del Estado de esta vulnerabilidad estructural, a través de firmas criptográficas digitales, lo que garantizará matemáticamente que la identidad de los portales gubernamentales no sea suplantada ni alterada en internet.

Este lineamiento, orientado por las políticas del Gobierno Nacional, busca consolidar un esquema articulado con la Administración Pública Nacional para eliminar el secuestro de tráfico gubernamental (DNS Spoofing o Cache Poisoning) ante un intento de alteración de registros para redirigir a los usuarios hacia servidores fraudulentos. En ese sentido, el protocolo detecta la anomalía de inmediato para romper la firma digital y bloquear el acceso.

Asimismo, la medida asegura que el Estado venezolano genere, administre y rote su propio material criptográfico con absoluta autonomía, protegiendo la identidad digital de las instituciones, la continuidad de los servicios digitales y la seguridad del ciudadano al realizar trámites oficiales.

Este plan de trabajo se proyecta a lo largo de un período de 12 meses estructurado en cuatro ejes principales: la implementación interna —que tras consolidar el esquema de firmado seguro (que ya fue completado) contempla la protocolización e instructivos técnicos—; la elaboración de la norma técnica para su revisión, discusión, aprobación y publicación oficial durante los tres primeros meses; un plan de formación para la Administración Pública Nacional que avanzará desde la concienciación inicial hasta la capacitación técnico-operativa durante seis meses, un esquema de masificación, además la automatización que, partiendo de la recolección y clasificación de métricas, dará paso al despliegue piloto en el sexto mes para culminar con la ejecución general en todo el sector público al cumplirse el año.

Para comprender su funcionamiento, la dirección IP en la red actúa como la cédula de identidad del portal. En este sentido, la firma criptográfica opera como un sello húmedo inalterable sobre la identidad digital.