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El uso del teléfono público comenzó su caída con la llegada de la telefonía móvil, pero no es sino hasta ahora, 34 años después del lanzamiento de la tecnología, que se consolida la desaparición de los equipos que conectaron a millones desde una plaza pública, una esquina y, en muchos casos, un restaurant, bar o la propia playa.

En América Latina, aunque los países han ido reduciendo los accesos a telefonía pública, así como las exigencias regulatorias de cobertura en ese sentido, Brasil se convierte en el primer país en anunciar que los teléfonos públicos están siendo retirados de forma gradual de las calles brasileñas a partir de 2026, en un proceso que marca el fin de una era iniciada en 1972 con la popularización de estos equipos.

En 1889 apareció el primer teléfono público, pero no fue sino hasta 1921 que comenzó la popularización.

En Brasil, el proceso se produce tras la finalización de los contratos de concesión de la telefonía fija en 2025, que vinculaban a operadoras como Oi, Claro, Vivo (Telefónica), Algar y Sercomtel a la obligación de instalar y mantener los teléfonos públicos como parte de las metas de universalización del servicio de voz.

Pero con la adaptación de estos contratos al régimen de autorización, previsto en la Ley General de Telecomunicaciones (LGT), las empresas dejan de estar obligadas a mantener estos equipos, lo que abrió el camino para la retirada de los teléfonos públicos.

Según datos oficiales, en diciembre de 2025 había cerca de 38 mil 454 teléfonos públicos en el país, cifra que ya representa menos de la mitad de los aproximadamente 84 mil 938 registrados en diciembre de 2024 y muy por debajo de los más de 200,000 existentes en 2020.

La fuerte caída acompaña la sustitución del servicio por la telefonía móvil e Internet, con un uso que se ha reducido de forma drástica en los últimos años.

Aunque la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel) no cuenta con un cronograma ni un mapa específico de las localidades, la información disponible indica que la retirada de los equipos no será inmediata ni simultánea en todo el país: alrededor de nueve mil teléfonos públicos deberán permanecer en funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 2028, especialmente en áreas rurales o en municipios donde no existe cobertura mínima de telefonía móvil ni una alternativa de comunicación de voz disponible.

La medida refleja la priorización de inversiones por parte de las operadoras en el mercado móvil 4G y 5G, además de la banda ancha, tecnologías más alineadas con las necesidades actuales de los usuarios. La permanencia de estos teléfonos, asociados a un modelo antiguo de telecomunicaciones, se ha vuelto cada vez más insostenible ante la obsolescencia tecnológica.

De este modo, el proceso marca el fin de un ícono cultural de la comunicación en Brasil, pero también un movimiento esperado en consonancia con la evolución de las redes de comunicación y de la propia regulación del sector.

En Japón convirtieron a los teléfonos públicos en acuarios, mientras que en otros países los alquilan o los venden por las redes. En Venezuela, el Gobierno viene instalando sistemas Wifi públicos, usando las cabinas o zonas para colocar los equipos de conexión.