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Nuevamente, el sector de las telecomunicaciones se pone a prueba en el Legislativo. La redacción de una nueva Ley de Telecomunicaciones fue incluida en el paquete que la Asamblea Nacional recién juramentada tendrá que redactar y aprobar este año.

La Lotel, como se le llamó a partir de su publicación en junio del año 2000, ha sido el arma legal para que las telecomunicaciones hayan vivido dos grandes momentos.

El primero de ellos cuando se aprobó la Ley en junio del año 2000, luego de un periodo de discusiones que se extendió por casi años y medio y en el que hubo interesantes momentos, pues las comisiones, tanto la del sector privado liderada por Haydée Cisneros de Salas, que en paz descanse y su equipo de abogados especializados en el sector, como la del público, encabezada por Jesse Chacón y Diosdado Cabello, en aquel tiempo los máximos funcionarios del regulador Conatel.

A partir de la aprobación de la nueva norma, que derogó la Ley del año 1940 comenzó un proceso de inversiones en el país que, en sus primeros años, superó los dos mil millones de dólares, con actores nuevos entrantes para servicios de valor agregado, entre otros, justo en el momento en el que la ahora estatal Cantv, finalizara lo que se denominó el periodo de concurrencia limitada, que le daba potestad de gestionar y administrar servicios de forma exclusiva como la telefonía fija.

La luna de miel entre el sector privado y público duró un tiempo, casi una década con sus tropiezos, como la renacionalización de la Cantv en el 2007, el cierre de RCTV ese mismo año y el de más de 30 emisoras de radio y otros canales de TV por esos tiempos, pero ésta llegó a su fin en el año 2010, cuando el Gobierno hizo una reforma que trastocó todo el desarrollo.

Allí vino el segundo momento. En ese tiempo, la Asamblea Nacional recién designada y con mayoría del partido de Gobierno, reformó la Ley y, aunque los cambios fueron pocos, estos fueron el epicentro que marcó el resto del tiempo del sector y la caída de las inversiones, entre otros.

En primer lugar, el artículo 5 que declaraba a las telecomunicaciones como un servicio de interés general, pasó a declararlos como servicio de interés público, dándole un golpe secó al sector y limitando desde ese momento cualquier intención de las empresas de seguir impulsando servicios y generando valor agregado.

Esa reforma también le entregó la culpa de los contenidos de Internet a los proveedores de servicios, sometiéndolos a sanciones y conflictos que, simplemente, alejaron las inversiones. En esa reforma también disminuyeron el periodo de concesión de radio y TV de 25 a 15 años y se prohibió la inversión directa extranjera en radio y TV abierta.

En el 2016, con una nueva Asamblea Nacional, se discutió un proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, pero éste, por el conflicto político y por esa AN estar en desacato según el Tribunal Supremo de Justicia, no pasó el filtro del Gobierno y fue engavetada.

Así que 25 años después de la redacción de la segunda Ley de Telecomunicaciones del país en los últimos 85 años, Venezuela se prepara para un cambio con la nueva normativa que debería estar en proceso de preparación y discusión este mismo año.

Aunque la Ley sigue teniendo vigencia y, aunque no pareciera, es una Ley que hoy día sigue estando actualizada, pero necesita un nuevo marco regulatorio, de futuro, que en vez de limitar la innovación la impulse y que, además, se enfoque en una regulación sensata, que permita a las empresas mover fondos para impulsar el desarrollo del sector.

Del equipo aún no se sabe nada, pero sería importante que los proponentes del cambio se dispongan a buscar especialistas en el sector, así como abogados y otros profesionales que puedan brindar un panorama sobre cómo está el mundo y cuánto es necesario para el país.

La regulación es necesaria, pues hay muchos huecos y mercados grises que, sin regulación, podrían jugar en contra de las inversiones y proyecciones sobre el país.