ANUNCIE AQUÍ

Corea del Sur da un paso al frente buscando disminuir la venta de líneas a desconocidos y, desde marzo próximo, será obligatorio que todos los compradores de líneas nuevas usen el reconocimiento facial para obtenerlas.

Los detractores a la medida ya han advertido que la decisión tendrá implicaciones directas sobre la privacidad y derechos de los usuarios.

Por su parte, el gobierno de Corea del Sur destaca que la medida busca reforzar la seguridad digital, pero ha generado preocupación sobre sus efectos en la privacidad y derechos de los usuarios. 

La nueva normativa establece que cualquier persona que quiera obtener un número de teléfono móvil deberá pasar por un proceso de verificación biométrica basado en reconocimiento facial.

Esta verificación se utilizará para confirmar la identidad del solicitante y así evitar fraudes, suplantaciones de identidad y actividades ilícitas vinculadas a cuentas anónimas o falsas. 

Según las autoridades surcoreanas, la medida es una respuesta a un aumento en casos de uso indebido de líneas móviles, como fraudes financieros y estafas que utilizan números registrados a nombre de identidades falsas.

El sistema de reconocimiento facial se suma a otros métodos de verificación que se han implementado para garantizar que cada línea telefónica esté vinculada de forma segura a una persona real. 

Organizaciones civiles temen que la obligación de registrar datos biométricos —como imágenes faciales— pueda reducir el anonimato de los usuarios y aumentar los riesgos en caso de ciberataques o usos indebidos fuera de los fines inicialmente anunciados.

En especial, las críticas se concentran en la falta de claridad sobre cómo se almacenarán y protegerán los datos biométricos, así como en la posibilidad de que gobiernos o empresas accedan a ellos sin suficientes salvaguardas legales. 

Corea del Sur se suma así a otras naciones que han explorado o adoptado controles biométricos para servicios de telecomunicaciones y financieros, en un contexto global donde la seguridad digital y la protección contra el fraude son prioridades gubernamentales, pero también lo es la defensa de los datos personales.