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La crisis venezolana lleva más de una década y, en ese largo recorrido, las criptomonedas se han convertido en una opción de ahorro, inversión, pagos por servicios, salida de capitales, entre otros, de miles de ciudadanos y decenas de empresas que, por una necesidad más que por innovación y por la limitación bancaria del país en el acceso a dólares para mover fondos desde la banca tradicional hacia el extranjero, entre otros, asumen riesgos entregando sus capitales a plataformas digitales.

Desde que Dash penetró el país en 2018, impulsando charlas de adopción de la criptomoneda, así como eventos y formación para empresas, entre otros, el venezolano se familiarizó con las criptomonedas, incrementando en ese tiempo el interés en ellas, que también era impulsado por una plataforma de intercambio llamada Local Bitcoin y que, en ese momento, permitía el intercambio de criptomonedas por bolívares para solventar la crisis económica del momento. Dash llegó a sumar mil comercios para pagos con la criptomoneda.

Ese mismo año llegó el Petro, la criptomoneda del Gobierno Nacional que se convirtió en un referente para las instituciones del Estado, entre otros, aunque fue sancionada de inmediato a nivel internacional y su aplicación sólo fue posible dentro del país y, más que todo, en áreas económicas netamente del Estado.

En esos tiempos comenzaron a aparecer propuestas de billeteras digitales locales e internacionales, que querían convertirse en una solución para miles que buscaban alternativas para no perder por el impacto cambiario del país y la devaluación de la moneda, pero la mayoría de esos proyectos terminaron en estafas o saliendo del país por temas legales, entre otros y los venezolanos se quedaron sin más opciones.

Proyectos como Shasta, CoinCoinx, Remitano, HolaReserve y más recientemente El Dorado, entre otros, dejaron una mala reputación al entorno en el país, pero a pesar de ello, los venezolanos siguen asumiendo riesgos y confiando sus fondos a proyectos de billeteras virtuales sin realmente tener confianza en ellas. La necesidad obliga.

Y es que en el país, hasta este año, no se había autorizado a una billetera virtual para operar legalmente con criptomonedas, a pesar de que en el año 2017 se autorizó la creación de la Superintendencia de Criptoactivos y actividades conexas Sunacrip, que fue intervenida en el 2023.

Entre 2018 y 2020 algunas comenzaron sus operaciones, llevando la formalidad al ente regulador de las criptomonedas, pero todo quedó paralizado desde que la Sudeban en el año 2020 emitió una Norma para regular a las Fintech y el impulso dejó de ser atractivo por las peticiones del regulador bancario, sobre todo por la obligación de dejar en garantía 20 mil euros en bolívares en un banco en una economía que se devaluaba diariamente.

En ese momento, las billeteras que estaban en operación y en pruebas decidieron salir del país, dejando sólo las opciones no reguladas que, más adelante, por las sanciones, también tomaron la decisión de irse.

Pero en enero del 2025 hubo un cambio y la Junta Interventora de la Sunacrip autorizó a dos proyectos, Crixtopay y Kontigo, para operar criptomonedas en el país.

El primero venía trabajando desde el 2018 pero bajo perfil, mientras que el segundo había lanzado una propuesta de SAN o Bolso sin mayor éxito, así como otras propuestas ligadas a temas financieros digitales. A las dos les fueron autorizados permisos de operar con Criptomonedas hasta el 31 de diciembre de 2025.

En lo que va de año, ambas empresas han logrado crecer en un entorno que, si bien sigue teniendo desconfianza de los proyectos locales, la necesidad les obliga a confiar y dejar sus fondos en las plataformas, ahora sumando a empresas que, por la escasez de divisas, recurren al mercado de USDT o USDC para poder pagar compromisos, comprar mercancías e incluso sacar dinero para sus cuentas de resguardo en el extranjero.

Crixtopay fue lanzada oficialmente en febrero de este año y, en el ambiente de las billeteras digitales, es percibida más para el corporativo, aunque desde hace meses permite hacer pagos en comercios usando la plataforma de Binance Pay para pagar con USDT a clientes que así lo deseen.

En el otro punto está Kontigo, que esta semana hizo la presentación oficial de la billetera en el país, aunque opera desde enero pasado. La empresa anunció que está transando unos 200 millones de dólares mensuales (Opera en 13 países) y que estima aumentar a $500 millones mensuales en 2026. También anunció que recibió una inyección de capital de 20 millones de dólares para crecer y convertir en realidad tres proyectos, unos que ya están en otros países y que llegarán a Venezuela.

Estos son una tarjeta física y virtual en alianza con Mastercard, la oportunidad de dar créditos usando USDT para apalancarse en Bitcoin como plataforma y, además, impulso a las empresas con IA.

Las dos compañías son las únicas autorizadas en el país hoy día para operar con criptomonedas y, además, para gestionar servicios locales de pagos vía bancos utilizando una tasa de mercado denominada Cripto, que no tiene nada que ver con la tasa oficial del Banco Central de Venezuela y que está hoy día en más de 50% del valor que registra el BCV, lo que les brinda un atractivo adicional, sobre todo para quienes quieren cambiar sus divisas, pues prefieren ir a una de estas dos empresas antes que a la banca tradicional que, por Ley, debe gestionar todos los procesos bancarios en bolívares respetando la tasa del BCV.

Son las únicas opciones y los venezolanos, incluyendo a las empresas, que vienen sumándose al entorno cripto más por necesidad que por innovación, buscan refugio en los proyectos con la esperanza de que, en esta ocasión, si algo llegase a pasar, por ser éstas empresas autorizadas por la Sunacrip, sí debería existir un respaldo a sus fondos.

El 31 de este mes vence la licencia de ambas, pero es probable que sean renovados los acuerdos de forma automática, pues son las únicas dos soluciones que, a la fecha, han encontrado todos los actores del mercado para poder seguir manteniendo las operaciones de sus negocios, especialmente los que requieren materia prima extranjera.