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El desconocimiento es la mejor arma del ciberdelincuente o, en el caso venezolano, del privado de libertad con un teléfono. En los últimos meses, producto de la implementación en el país de la tecnología 5G y, recientemente, de la nueva numeración de Digitel con el código 422, las alarmas se han encendido, pues desde los centros penitenciarios, nuevamente, comienzan a proliferar las llamadas usando números Movilnet y, en menor medida, Movistar y Digitel, para conectar con clientes de las empresas y ofrecerles, entre otros, actualización a 5G (imposible) o cambio del código a 422, entre otros.

Las móviles alertan, pero el alcance, a pesar de que existen redes sociales, sigue siendo escaso. En las últimas semanas, hubo miles de intentos de estafas, a tal extremo que Digitel tuvo que publicar un comunicado en su web y enviar información a sus clientes, para evitar que los ataques desde estos puntos se consoliden.

Las autoridades hacen sus esfuerzos y los afectados deben ir a denunciar que sus servicios fueron hackeados, pues de lo contrario, pueden ser sometidos a la Ley aún cuando no son responsables.

Existen tecnologías para limitar el acceso de los reclusos a telefonía y otros servicios, mediante inhibidores de señal, bloqueos selectivos de llamadas e interceptación de éstas, entre otros, pero en Venezuela, a la fecha, no ha sido posible.

Al ciudadano sólo le queda no enviar, por ningún motivo, un código solicitado a través de cualquier medio, de lo contrario, sus datos podrían estar expuestos.

A las empresas, informar constantemente sobre este problema, que escapa a sus manos, pero les afecta, más en un entorno en donde vuelven las promociones y, con ellas, los intentos de estafas aprovechando la innovación.