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Después de un largo proceso, México aprobó una nueva Ley de Telecomunicaciones, instrumento que, entre otras cosas, igualará la competencia entre el Estado y el sector privado, eliminando, entre otras cosas, los privilegios que éste tenía en cuanto a beneficios de espectro y licitaciones en la Ley anterior, que había sido promulgada en 2014.

La nueva Ley permite la creación de un órgano desconcentrado con independencia técnica, operativa y de gestión para dictar resoluciones. Así, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) actuará como un órgano administrativo desconcentrado de la Agencia, dándole mayor independencia.

De los cambios a la Ley, se eliminó el Artículo 109 que daba facultades a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) para realizar el bloqueo o prohibición de plataformas.

Y, lo más importante, en el nuevo dictamen de ley, se identifica explícitamente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como la entidad encargada de contribuir a la provisión del servicio de Internet y telecomunicaciones.

Asimismo, mientras que en el proyecto original se establecía que el Estado podría recibir concesiones de espectro, en la nueva Ley se establece que este deberá participar en las licitaciones a lado de cualquier interesado comercial.

Otro de los cambios en la Ley está en que las empresas deberán vender los equipos desbloqueados, para que los usuarios decidan cambiarse sin ataduras, pero también establece que para comprar un móvil, los ciudadanos deberán presentar su registro CURP (Clave Única de Registro Población), de lo contrario, no podrán comprar un dispositivo.