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La Ley Streaming, un proyecto impulsado por los operadores mexicanos, con Carlos Slim a la cabeza, busca generar un marco legal para tributar a las empresas que ofrecen los servicios y que hoy día no pagan impuestos al no estar físicamente presentes en el país.

Además, la intención también está en promover un Fondo que obligue a los proveedores de servicios de Streaming, a dejar parte de sus ingresos allí para desarrollar proyectos que disminuyan la brecha digital en zonas rurales u otras en el país.

La idea está en que esta Ley involucre a los proveedores de servicios de Streaming para desarrollar infraestructura para cubrir las zonas más vulnerables y disminuir el impacto del desconocimiento de las herramientas tecnológicas en decenas de sitios, además de contribuir con los proveedores actuales que, a juicio de Slim, son los que invierten en infraestructura y no reciben nada por parte de estas empresas que facturan millones.

“Todas las empresas del mundo damos servicios a Youtube y todas esas empresas que facturan millones y no pagan por el uso de las redes y deberían hacerlo”.

El debate tiene tiempo en Europa sin éxito, pero comienza a moverse en la región y México, con la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, ATDT, pareciera erigirse como el líder en esa intención.

Hace años, cuando los servicios de Internet apenas comenzaban, los operadores se preocupaban por la escasez de contenidos para motivar al uso a millones de personas y así vender más conexiones. Ahora, pasa lo contrario. Los operadores están preocupados por el incremento del consumo y las limitaciones que vienen presentando para hacer frente a la demanda, con altos costos en los despliegues de infraestructuras que terminan de ocuparse rápido por el aumento del consumo de video, especialmente de plataformas de Streaming que no generar ingresos directos a las empresas que mantienen las redes por donde pasan sus servicios.

En el caso de las móviles, aunque su foco no es el servicio de Internet dedicado como en Fibra, el problema viene por el espectro, pues las limitaciones regulatorias complican la posibilidad de las compañías para incrementar las bondades y, por supuesto, explorar más servicios y generar más ingresos.

Todo este coctel, que los reguladores parecen no entender, termina afectando el ecosistema, pues por un lado las empresas se limitan en servicios y, por el otro, los clientes se molestan porque no tienen conexiones más rápidas, estables y valor agregado, porque no hay disponibilidad de espectro para poder liberar más oportunidades de conexión.