ANUNCIE AQUÍ

En febrero de 2015, siendo William Castillo director del organismo regulador Conatel, se abrió un procedimiento administrativo sancionatorio contra la empresa Supercable ALK Internacional, por presuntas prácticas penadas por la Ley Orgánica de Telecomunicaciones.

Pero no es sino hasta el 14 de marzo de 2025, 10 años después, pues no existe otro procedimiento abierto, que Conatel aplica una medida de revocación de habilitaciones administrativas por la supuesta suspensión de servicios por parte de la empresa a sus clientes, aún cuando ésta tiene algunos años desplegando una red de tecnología GPON bajo el nombre de B-Point con unos cuantos miles de clientes servidos en el este de Caracas.

La notificación del regulador cayó por sorpresa en la empresa, sobre todo porque este tipo de decisiones tienen que pasar unos procedimientos que, al parecer, no se cumplieron. Y es que al ente regulador abrir un procedimiento, el afectado tiene que recurrir a la instancia a presentar sus alegatos y, después de ello, el regulador fija una posición, que normalmente es una multa, así como la paralización de aumentos de tarifas si es el caso.

Con Supercable no ha sido así. La empresa fue notificada de la pérdida de la habilitación que le permite operar su red de fibra óptica y servir a sus más de 20 mil clientes de TV por suscripción (datos oficiales Conatel IV Trimestre 2023) el viernes 14 de marzo, prácticamente sin derecho a recurrir a la Ley, pues la notificación da un plazo de 60 días para que la empresa permita a sus clientes migrar de operador y sólo puede operar para informar, sin realizar nuevas contrataciones, inversiones, etc

En un comunicado colgado en su página web, la empresa destaca que sigue ofreciendo sus servicios de manera inalterable y que recurrirá a las leyes venezolanas para presentar su actos de defensa. Mientras tanto, seguirá atendiendo a sus clientes y, respetando las leyes, acatando la decisión del regulador.

Supercable es uno de los operadores más viejos del país, con más de 30 años de actividad en el servicio de TV por Suscripción, con una habilitación para operar sus servicios en todo el territorio nacional, con despliegues en Aragua, Miranda, Caracas, Monagas, Nueva Esparta, Anzoátegui, así como también algunas ciudades del estado Bolívar, entre otras. En el año 2000 abrió operaciones en Colombia de la mano de Motorola y Adhelpia, una empresa también norteamericana, con una promesa de inversión de 120 millones de dólares, pero en 2006 se sometió a un proceso de reestructuración que terminó con la venta de la empresa en el año 2015 a través de una liquidación emanada de la autoridad de ese país.